Open Finance in LatAm 2026: Regulatory Gaps Europe Learned the Hard WayOpen Finance en LatAm 2026: las brechas regulatorias que Europa aprendió por las malas

Brazil has 128 million active Open Finance consents as of December 2025. Chile enters mandatory implementation in April 2026. Colombia launched its interoperable Open Finance hub in 2025. Mexico passed its Fintech Law in 2018 and has been dealing with regulatory gaps ever since. The infrastructure is being built across the region at different speeds and with different rules, and somewhere in the middle of all that fragmentation, a new type of player is quietly becoming essential. API aggregators, companies that merge dozens of bank APIs into a single unified interface, emerged as a practical solution to a real problem. Connecting to every bank in a market individually is expensive, slow, and technically complex. For most fintechs, outsourcing that layer to a specialist made sense. What markets are now learning is that infrastructure decisions made for operational convenience tend to have structural consequences that nobody fully anticipated at the time.

Europe learned this the hard way. When PSD2 came into force in 2018, implementation was uneven. Some banks opened their APIs cleanly. Others imposed technical barriers that made direct access unreliable or prohibitively costly. Smaller fintechs, unable to maintain connections across dozens of banks in multiple countries, turned to aggregators like Plaid, TrueLayer, and Salt Edge. Those companies solved a genuine problem. They also accumulated something that nobody initially described as power. They gained control over data flows, API connectivity standards, and in some cases, insight into the transaction behavior of every fintech routing through their infrastructure. My own research on European PayTechs, developed with the JRC of the European Commission, found that regulatory design directly shaped who received investment and who gained market access after PSD2. Aggregators were not a neutral layer. They became investors, partners, and in some markets, competitors to the fintechs they were serving. PSD3 and FIDA are now attempting to address governance gaps that the original framework did not anticipate. That process takes years.

Latin America is at an earlier stage, which means the decisions being made now, about which infrastructure providers to rely on, how to govern API access, and what standards to enforce, will define the competitive environment for the next decade. The Sensedia 2026 State of Open Finance report shows that reliance on third-party infrastructure is already deep. Banco Rendimento routes over 80% of its transactions through a single provider. EBANX outsourced its entire Open Finance regulatory layer to manage ecosystem complexity. These are rational firm-level decisions. At the market level, they create concentration in a layer that regulators have not yet fully defined. Brazil is the most advanced market in the region and has the governance structures to manage this. The markets currently in early implementation, Chile, Colombia, Peru, and Mexico, are making those same infrastructure choices without the benefit of a mature regulatory framework to back them up.

This is not an argument against aggregators. They exist because regulation left room for them, and they solve a real problem for fintechs that cannot afford to build every connection from scratch. But infrastructure decisions made today for operational convenience tend to have competitive consequences tomorrow. Europe is writing new regulation to correct gaps it did not anticipate in 2018. Latin America is still early enough to ask the right questions before the market answers them on its own.

Brasil cuenta con 128 millones de consentimientos activos de Open Finance a diciembre de 2025. Chile entra en la fase de implementación obligatoria en abril de 2026. Colombia lanzó su hub interoperable de Open Finance en 2025. México aprobó su Ley Fintech en 2018 y desde entonces lidia con lagunas regulatorias. La infraestructura se está construyendo en toda la región a velocidades distintas y con reglas distintas, y en algún punto en medio de toda esa fragmentación, un nuevo tipo de actor se está volviendo imprescindible sin hacer ruido. Los agregadores de APIs, empresas que reúnen decenas de APIs bancarias en una única interfaz unificada, surgieron como solución práctica a un problema real. Conectarse uno por uno a todos los bancos de un mercado es caro, lento y técnicamente complejo. Para la mayoría de las fintechs, externalizar esa capa en un especialista tenía sentido. Lo que los mercados están aprendiendo ahora es que las decisiones de infraestructura tomadas por comodidad operativa suelen tener consecuencias estructurales que nadie previó del todo en su momento.

Europa lo aprendió por las malas. Cuando PSD2 entró en vigor en 2018, la implementación fue desigual. Algunos bancos abrieron sus APIs sin problemas. Otros impusieron barreras técnicas que hacían que el acceso directo fuera poco fiable o prohibitivamente caro. Las fintechs más pequeñas, incapaces de mantener conexiones con decenas de bancos en varios países, recurrieron a agregadores como Plaid, TrueLayer y Salt Edge. Esas empresas resolvieron un problema real. También acumularon algo que al principio nadie llamó poder. Obtuvieron el control de los flujos de datos, de los estándares de conectividad de las APIs y, en algunos casos, información sobre el comportamiento transaccional de todas las fintechs que pasaban por su infraestructura. Mi propia investigación sobre las PayTech europeas, desarrollada con el JRC de la Comisión Europea, concluyó que el diseño regulatorio determinó directamente quién recibió inversión y quién accedió al mercado tras PSD2. Los agregadores no fueron una capa neutral. Se convirtieron en inversores, socios y, en algunos mercados, competidores de las fintechs a las que daban servicio. PSD3 y FIDA intentan ahora abordar las lagunas de gobernanza que el marco original no previó. Ese proceso lleva años.

América Latina está en una fase anterior, lo que significa que las decisiones que se toman ahora sobre en qué proveedores de infraestructura confiar, cómo gobernar el acceso a las APIs y qué estándares exigir definirán el entorno competitivo de la próxima década. El informe Sensedia 2026 State of Open Finance muestra que la dependencia de infraestructura de terceros ya es profunda. Banco Rendimento canaliza más del 80 % de sus transacciones a través de un único proveedor. EBANX externalizó toda su capa regulatoria de Open Finance para gestionar la complejidad del ecosistema. Son decisiones racionales a nivel de empresa. A nivel de mercado, generan concentración en una capa que los reguladores aún no han definido por completo. Brasil es el mercado más avanzado de la región y cuenta con las estructuras de gobernanza para gestionarlo. Los mercados que están ahora en las primeras fases de implementación, Chile, Colombia, Perú y México, toman esas mismas decisiones de infraestructura sin el respaldo de un marco regulatorio maduro.

Esto no es un argumento contra los agregadores. Existen porque la regulación les dejó espacio, y resuelven un problema real para las fintechs que no pueden permitirse construir cada conexión desde cero. Pero las decisiones de infraestructura que hoy se toman por comodidad operativa suelen tener mañana consecuencias competitivas. Europa está redactando nueva regulación para corregir lagunas que no previó en 2018. América Latina todavía está a tiempo de hacerse las preguntas adecuadas antes de que el mercado las responda por sí solo.